DESPENALIZACIÓN DE CALUMNIAS E INJURIAS: SE CAE UNA DE LAS BARRERAS AL LIBRE EJERCICIO DEL PERIODISMO

Argentina ha dado un paso muy grande en favor de la libertad de expresión, luego de que el Congreso aprobara la semana pasada la ley que despenaliza los delitos de calumnias e injurias por expresiones de interés público.

Esto quiere decir que aquellas personas que sean acusados de deshonrar o desacreditar a algún funcionario público, o alguna personalidad reconocida, o imputarle falsamente un delito, ya no serán enviados a prisión.

El Código Penal, que ahora será modificado, estipulaba una pena de hasta 3 años de cárcel para el caso de calumnias, y de hasta 1 año para las injurias. Ahora la condena sólo será cívil, por lo que a lo sumo la persona condenada deberá pagar una multa, algo que tal vez en un futuro se pueda llegar a erradicar también.

El proyecto aprobado fue elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS), que promueve la implementación de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso del periodista Eduardo Kimel, que había sido condenado durante el gobierno de Menem, a 1 año de prisión y a pagar una indemnización por una investigación que criticaba la actuación de un juez en un caso llamado la Masacre de San Patricio, donde fueron asesinados 5 religiosos católicos durante la última dictadura.

La sentencia de la CIDH justamante busca que los países realicen reformas legislativas que limiten el uso tanto de figuras penales como civiles para las manifestaciones vinculadas a la crítica política y a temas de interés público, cosa que nuestro Congreso acaba de hacer.

El proyecto fue impulsado por el gobierno de Cristina Fernández, y obtuvo 154 votos positivos, y 12 negativos en Diputados, y en el Senado los 51 legisladores presentes votaron a favor de la despenalización.

Lo importante de esto, es que se pone fin a una herramienta judicial de censura indirecta que suele ser utilizada como medio de control del periodismo.
Lo curioso de este hecho es que lo propicio el kirchnerismo, una fuerza política muy atenta a los medios de comunicación, que intenta acallar las voces críticas con un discurso confrontativo y belicoso.

Se ha dado un gran paso en favor de la libertad de expresión, pero aún quedan muchos por dar. Se ha terminado con una de las tantas formas de censurar indirectamente al periodismo. Si se quiere, se ha derrivado una de las barreras judiciales que limitaba la libertad de expresión, pero la barrera política parece estar lejos de ser derrivada.

Hasta que los políticos argentinos no cambien la filosofía entorno al rol del periodismo, esto no se va a producir. Desde la esferas de poder actuales, conciben a esta profesión como un estorbo, que sólo impide el desarrollo de sus proyectos de país. No entienden que el periodismo es un contrapoder que de alguna manera, además de trasmitir los hechos más relevantes de la realidad, también ejerce control sobre los gobernantes y sus políticas públicas.

Al no comprender este necesario rol dentro de este sistema político y social, intentar limitarlo, acallarlo, postergarlo, e imponer su visión de la realidad.
Las herramientas que tienen los gobiernos para hacer esto son muchísimas, entre las que se destaca en nuestro país, la discrecional repartición de la publicidad oficial, que premia a los medios y periodistas afines y castiga a los que no se alinean al poder de turno.

Durante el kirchnerismo el presupuesto para la publicidad oficial, que maneja Enrique Albistur, que estaría por renunciar ante las denuncias por los irregulares manejos que hacía con estos medios, se incremento un 756%. De 40 millones se paso a cerca de 400 millones para “difundir los actos de gobierno”, en una clara maniobra para captar más voces acordes a sus ideas.

Esta es una simple muestra de como desde su llegada, el kirchnerismo ha puesto su foco sobre la prensa. Si se analizan los discursos de Nestor Kirchner y de Cristina Fernández, se ve fácilmente como aluden permanentemente a los medios, y como le otorgan un desmedido poder, y como los perciben como enemigos.

Por eso es extraño que este gobierno, que no parece muy adepto a la libertad de expresión, ya que ante cada crítica responde con agresiones y amenazas, haya impulsado esta medida. Ahora deberían regular el manejo de la publicidad oficial para que sea más equitativo, pero parece que no quieren hacerlo, ya que no lo mencionaron en la nueva ley de medios.

A pesar de lo paradógico de que este gobierno tan confrontativo contra el periodismo haya impulsado esta despenalización de las calumnias e injurias, es un gran avance para la libertad de expresión, ya que se elimina una herramienta de censura indirecta que limitaba el libre desempeño del periodismo.

UN ANUNCIO QUE BUSCA EMBARRAR LA CANCHA

La presidenta anunció ayer la creación del “Fondo Federal Solidario”, que se encargará de distribuir o coparticipar a las provincias, el 30% de lo que el gobierno nacional reciba por los impuestos que cobra a las exportaciones de soja. Según explicó Cristina Fernández, cerca de 6.500 millones de pesos (el 30% de lo que ingresa al fisco por las retenciones a la soja) van a ser remitidos directamente por el Banco Nación hacia las provincias para realizar obras de infraestructura social.

La mesa de enlace y la oposición rechazaron el anuncio, al que tildaron de “electoralista”. Según los dirigentes rurales, el gobierno busca dividirlos de la sociedad y hacerlos quedar como que nada les viene bien. Los cortes de ruta ya se hicieron sentir en muchas provincias porque creen que este anuncio no soluciona los problemas de fondo de los pequeños y medianos productores, sino que busca “poner la plata de la soja en la campaña electoral”, según palabras textuales de Eduardo Buzzi el presidente de la Federación Agraria.

Las entidades del campo anunciaron hace instantes un paro de siete días en los que no comercializarán granos, oleaginosas ni ganado, pero no cortarán rutas, algo que es difícil de sostener ante el creciente malestar de los pequeños productores que no ven otra forma más coherente de manifestarse.

La medida en los papeles no es mala, como tantas otras que impulsó el gobierno, pero lo que está pasando en estos momentos es que hay una crisis de credibilidad y legitimidad de los funcionarios del oficialismo, que nadie les cree que realmente vayan o quieran compartir los ingresos del fisco.

Tiene mucho olor a política electoral este anuncio. El gobierno está buscando recuperar la lealtad de aquellos senadores y gobernadores de las provincias que se habían alejado por el conflicto del campo. Por eso les da esta posibilidad de administrar los ingresos de las retenciones a la soja de manera conjunta, y de esta forma, los reclamos de muchos dirigentes que decían que los recursos de sus provincias iban a parar a la caja nacional kirchnerista y no recibían nada, quedan desarticulados, sin la necesidad de rebajar las retenciones.

Igualmente hay muchas dudas de cómo va a evolucionar este fondo, ya que hay provincias sojeras como Córdoba, que recibirían menos de lo que ceden al fisco, y el 30% prometido parece escaso para todas las provincias.

Es una jugada que puede llegar a generar problemas en cuanto a las manifestaciones y paros que ya anunciaron desde el campo. El gobierno está buscando que se produzca un quiebre entre la opinión pública y la mesa de enlace de cara a las elecciones de junio donde el principal capital con el que va a contar la oposición es su cercanía a los dirigentes rurales. Es triste pero es así. Una vez más se va a producir el “voto bronca”, muchos electores van a optar por el “menos malo”, o cualquiera menos el oficialismo.

Pero los cortes de ruta, injustificables a esta altura, van a producir un efecto de disgusto que el gobierno pretende capitalizar. Las “bases” no ven otra alternativa, ya que en el Congreso, el oficialismo cobardemente no dio quórum para que se trate un nuevo proyecto para reducir y en algunos casos eliminar las retenciones.
El gobierno está embarrando la cancha, y habrá que ver como se posicionan los actores políticos que estaban distanciados, con esta medida a la que difícil oponerse.

Desde el gobierno insisten con el discurso de que no pueden atender todas las demandas de un sector de la sociedad y la economía, y que deben gobernar para todos. Desde las entidades rurales, se quejan de que sólo sus ingresos son los que se distribuyen entre los demás sectores.
Néstor Kirchner sigue con sus discursos agraviantes y que tildan a los sectores rurales de egoístas por no querer compartir sus rentas extraordinarias.

Adhiero a la idea de que las ganancias se distribuyan entre todos los argentinos, pero porque no se distribuyen los innumerables ingresos que tuvieron las empresas afines al kirchnerismo como Electroingeniería, o mismo el patrimonio del matrimonio que gobierna que ya supera los 17 millones de pesos, y que hasta hace 6 años no llegaba a los 2 millones. ¿Eso no se toca? ¿Eso no habría que repartirlo también, o al menos el 35% de esos millones que tienen los Kirchner?