Estamos inmersos en un debate muy relevante para el futuro del país, y sobre todo para el futuro del periodismo argentino. La nueva ley que pretende promulgar el gobierno para erradicar la vieja ley de radiodifusión elaborada por la junta militar que gobernó el país a finales de la década del 70’ y principios del 80’, ha revuelto al mundillo mediático generando una disputa de poder más que interesante.
Antes de repasar las cuestiones técnicas que se discuten y las cuestiones políticas que la oposición reclama ante la celeridad con que el gobierno pretende sacar esta esperada y necesaria ley (ver abajo), quisiera hacer un análisis de la cuestión mirando desde afuera, pero a su vez con los pies dentro del barro.
¿A qué me refiero con esto? Intento mirar la cuestión sin tomar una postura pro gobierno, ni una postura pro Clarín y oposición, pero soy consciente de que para todos aquellos que practicamos el periodismo como profesión o hobbie, estos son momentos cruciales que nos involucran y que repercutirán en nuestras carreras.
El panorama mediático actual asusta. Todas las empresas mediáticas están controladas por empresas que busquen antes que nada, ganancias. Esto repercute de manera feroz en el periodismo, que debe responder a este modelo de mercado que se guía con leyes económicas más que con reglas periodísticas.
El oligopolio mediático que hay actualmente no deja mucha opción a los periodistas. O se es parte de estos grupos manejados por empresarios desinteresados en el porvenir de la profesión, o no se es nada. Sos, o no sos. Si querés ser periodista debes someterte a las reglas de juego de estas empresas que someten a los jóvenes a pésimas condiciones laborales, sino, cada vez hay menos caminos para poder hacer del periodismo una profesión que te permita mantenerte.
Además de estas cuestiones económicas, están las cuestiones editoriales. Las empresas que cada vez controlan más medios y poseen más dinero (con lo cual tienen mucho más alcance que un medio independiente como este patético blog que no leerán más de 10 personas), están generando una uniformidad en los discursos, que afecta a la democracia. Todos dicen lo mismo, la gente tiene que pensar en los temas que los grandes medios ponen en la agenda, los periodistas deben hablar de lo que sus medios les exigen según su línea editorial cada vez más politizada y que esconde detrás de la información intereses espurios alejados de lo que el periodismo debería forjar, una libre información, y medios independientes de todos los poderes del país (algo vital para todo régimen democratico).
Ante este escenario complejo en el que debemos insertarnos periodistas que recién nos iniciamos en esta profesión, esta nueva ley podría significar una luz de esperanza, pero hay tantas cuestiones relacionadas a los modos de gobernar del kirchnerismo, que rápidamente esa luz se apaga.
Este gobierno, al igual que el anterior, ha demostrado ser muy reacio ante las críticas. No estoy descubriendo nada, al gobierno no le gusta que lo critiquen, no lo tolera, no lo acepta. Y una de las principales tareas del periodismo es esa, siempre y cuando se realice de forma constructiva, y como mecanismo de control de los gobernantes.
Tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández mostraron un gran interés por el discurso que recibe la opinión pública de parte de los medios, y se esforzaron por imponer su visión de la realidad con métodos poco democráticos.
Uno de ellos, y el más claro y evidente, es el manejo discrecional de la publicidad oficial. Ese dinero que parte desde el Estado a los medios para hacer anuncios propagandísticos de los actos del gobierno. ¿Con que honestidad intelectual este gobierno va a impulsar una ley que supuestamente va a abrir en juego de la información y la va a democratizar, cuando desde que inició su mandato siempre a utilizado los fondos públicos para premiar a aquellos medios que seguían su línea de pensamiento, y para castigar a aquellos que se mostraban críticos de sus políticas?
¿Un gobierno tan interesado en imponer su discurso, va a permitir ahora la libre circulación de la información por más que sea crítica de su gestión?
Nada hace prever que si. El dinero que arbitrariamente el gobierno manejó para financiar a medios afines, debió distribuirse por todos los jugadores del mapa mediático.
Estas cuestiones hacen dudar de las convicciones y planteos esgrimidos por la presidenta en su anuncio del envío del proyecto al parlamento donde ya comenzó a discutirse.
La situación es compleja, de un lado están las empresas que poco se interesan por el periodismo, y sólo buscan poder maximizar sus ganancias, y del otro lado está este gobierno que no tolera las críticas y busca manejar la prensa para imponer su visión de la realidad.
Este proyecto si hubiera sido presentado por otro gobierno no hubiera generado tantas dudas, y hubiera sido un paso adelante en la democratización de los medios, pero al ser defendido por el kirchnerismo, parece ser un paso adelante en el camino emprendido desde el 2003 cuyo objetivo final parece ser el amordazamiento de la prensa a la que se busca someter a la línea editorial gubernamental.
Aspectos técnicos en debate (Voy a hacer un breve repaso de las cuestiones en discusión):- La autoridad de aplicación (que se encargará de verificar el cumplimiento de la ley) dependerá de la Secretaría de Medios (la misma que distribuye arbitrariamente el dinero de la publicidad oficial), o sea, del Poder Ejecutivo, lo que genera suspicacias debido al excesivo poder con el que contarán los presidentes para otorgar licencias o sacarlas. Esa misma autoridad de aplicación estará integrada por cinco miembros que serán nombrados por el ejecutivo. Más suspicacias.
- Las empresas telefónicas pueden ingresar al mercado de los medios. Esto estaba prohibido, porque estas empresas de servicios públicos, cuentan con redes que llegan a casi todo el país, lo que les da una ventaja comparativa enorme con respecto a las empresas de cable. Los límites que se les imponen es que deben crear una empresa separada para evitar subsidios cruzados, y no deben tener dueños extranjeros (sólo el 30% de las acciones). Hay versiones que indican que empresarios afines al gobierno pretenden adquirir acciones de Telecom, y es más que conocida la buena relación de Kirchner con el grupo Telefónica (al que le brinda entrevistas en exclusiva mediante Telefe, el canal que pertenece al grupo español)
- El proyecto propone dividir el espectro por el cual se propagan las señales de radio y TV en tres. Por un lado estará el uso comercial, por otro lado tendrán lugar ONGs, y por último habrá espacio para medios estatales (todos tendrán el 33% del espectro). Lo que no se dice es como van a financiarse las organizaciones sin fines de lucro, lo que abre la puerta a que empresas usen testaferros y usen ese espectro con fines comerciales.
- Las empresas no podrán tener más de 10 licencias (antes podían hasta 24) para operar radios y canales de TV en todo el país, algo que fomenta la desconcentración mediática. A su vez, los operadores de cable (Cablevisión y Multicanal finalmente no podrán unirse), no podrán tener más del 35% de abonados en todo el país. Tampoco podrán tener un canal de aire en la misma ciudad en la que brindan sus servicios (Clarín, dueño de Cablevisión, deberá desprenderse de Canal 13, o viceversa).
Aspectos políticos en discusión:- La oposición pide que se discuta el tema con el nuevo Congreso elegido el 28 de junio, y no ahora. El gobierno pretende una rápida sanción ya que luego del 10 de diciembre (cuando finalmente asuman los nuevos congresistas) no tendrá mayoría absoluta como venía teniendo hasta ahora. El proyecto tiene cerca de 160 artículos, por lo que parece inaudito que se discuta en un mes como pretende el Ejecutivo, que llamativamente, no mostró el mismo fervor por discutir los proyectos antes presentados por la oposición.
- Varias entidades de prensa y opositores piden que se realice un debate más amplio y “desapasionado”, ya que en estos momentos hay un conflicto encarnizado entre el grupo Clarín y el gobierno, que incluyo el destrozo de varias receptorías del grupo mediático, y pegatina de afiches con consignas violentas al igual que las pintadas en sedes del principal holding de medios de nuestro país.
Habrá que ver en que deviene todo este polémico y feroz debate y juego de poder. ¿Se pasará de un oligopolio de medios a un oligopolio de empresarios amigos del poder, o se democratizará el espectro y tendremos acceso libre a la información? ¿Los periodistas seguiremos sometidos a las empresas mediáticas o ahora estaremos sometidos a la línea editorial del gobierno? ¿Podremos algún día trabajar libremente? Suena utópico.
Mañana ya se van a empezar a producir algunas manifestaciones, y si el martes que viene cuando se produzca la cuarta reunión entre el gobierno y la mesa de enlace, no se generan algunos avances en los puntos en disputa, Alfredo De Angeli dijo que volverán a cortar las rutas.
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