Se sigue fallando en las "formas" de llevar a cabo las políticas gubernamentales.

Se han producido en los últimos días hechos políticos, económicos y sociales importantes en nuestro país. Todos mostraron el sello del gobierno, de su forma de hacer política, de sus formas de afrontar los acontecimientos y de su forma de resolverlos.

Por un lado, la presidenta Cristina Fernández anunció la semana pasada el pago de la deuda al "Club de París". De manera sorpresiva, decretó que el pago a los acreedores que se agrupan bajo ese título, se hará de manera inmediata con las reservas a libre disponibilidad del Banco Central.

Las primeras impresiones que causó la medida fueron de entusiasmo y de júbilo entre grupos empresarios y sectores afines al gobierno. La mayoría coincide en que deben saldarse las deudas con los acreedores extranjeros para volver a reinsertarse en el comercio mundial y abrir las puertas a futuros créditos de inversores del exterior, y no depender de los petrodolares de nuestro aliado venezolano Hugo Chávez. Es la idea hegemónica del momento, todos deben abrir sus puertas al mundo, y fomentar la globalización financiera. Idea afin a las prácticas capitalistas. Pero, ¿Es prioridad del país saldar su deuda con los inversores que compran bonos y especulan con la economía de nuestro país? Por lo que nos transmiten los medios y los sectores económicos si, pero es un tema para discutir.

Rapidamente, ese jolgorio previo se transformó en un mar de dudas. Estas fueron producto de imprecisiones en el decreto en cuanto a la normativa vigente para el uso de los fondos de libre disponibilidad del Banco Central. Estas, sólo pueden usarse para el pago a organismos internacionales y el "Club de París", según explica Nelson Castro en su columna dominical de Perfil, no tiene existencia legal ni estatutos, es sólo un grupo de acreedores agrupados en un "club".

A esta controversia legal, además se le sumaron dudas desde los mercados internacionales, que no respondieron de la manera que se esperaba y se mostraron cautos, por lo que el precio de los bonos argentinos se mantuvo bajo.

Los impactos que busca el gobierno ya no causan tanto efecto. Esta manera del matrinomio de decretar medidas unilateralmente, sin una estructura previa que prevea esto que anunciamos anteriormente, no caen bien. Parece que tienen poca memoria, y consecuentemente no pueden aprender de sus errores. Se pueden trazar varios paralelismos con la forma en que se buscó aumentar las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas, sin consulta previa, sin discusiones del sector, sólo movidos por las convicciones personales y a través de decretos.

No dudo de las buenas intenciones del gobiernos en estas cuestiones, pero la manera en que llevan a cabo sus políticas está generando un rechazo de todos los sectores de la sociedad y los efectos positivos de las mismas se están reduciendo.

Algo similar ocurre con la reestatización de Aerolíneas Argentinas. La ley que se sancionó la semana pasada, depertó numerosas críticas de la oposición por los "baches" de la misma en cuestiones tan importantes como saber quien va a hacerse cargo de la deuda de 890 millones de dólares con la que acarrea la empresa. O el tema referido a el precio en que se va a tasar la compania, que según el acta-acuerdo firmado por el secretario de transporte Ricardo Jaime y Marsans (la empresa que manejó Aerolíneas estos últimos años) debía quedar en manos de un tercero. El problema es que ese acuerdo fue extirpado del proyecto, pero para Marsans sigue vigente y podría presentarse ante un tribunal internacional si se opone al precio que fije para la compania el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Como se ve, es una maraña de intereses que debieron acordarse antes de sancionar esta ley, pero el gobierno prefiere hacer las cosas a su manera sin escuchar otras propuestas.

Ajenos a estos inconvenientes político-económicos, miles de personas siguen teniendo severos problemas todos los días para ir a trabajar. El sistema ferroviario en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires esta colapsado. Esto salta a la luz de la peor manera, cuando la gente quema vagones y apedrea las formaciones cuando su indignación y brutalidad los desborda. En las estaciones de Merlo y Castelar donde funciona (con serias difilcultades) la ex línea Sarmiento, cuya concesión está en manos de TBA, se produjeron serios incidentes producto de la bronca de pasajeros que se cansaron de aguantar las demoras en el servicio. Reacción que entendemos pero no compartimos. Habría que ser más creativos a la hora de protestar.

El gobierno, fiel a su estilo, acusó de sabotaje a grupos de izquierda, como el Polo Obrero, el grupo Quebracho, el partido Projecto Sur, entre otros. Se deslindó de sus responsabilidades, como más le gusta, poniéndose en víctima (recordemos los continuos discursos del ex presidente Nestor Kirchner cuando acusaba a grupos "golpistas" de conspirar contra el gobierno).

El encargado de transmitir el mensaje de la administración kirchnerista ante este episodio, fue el ministro de Justicia Anibal Fernández, que incluso insinuó que esto fue provocado para promocionar el documental que saldrá en poco tiempo del cineasta Pino Solanas, que critica el obsoleto sistema ferroviario y la construcción, en este marco, del tren de alta velocidad. Un disparate mayúsculo. En vez de analizar a donde van los subsidios de 5 millones de pesos diarios para las concesionarias de trenes, se buscan responsabilidades afuera. No hay autocrítica.

Una vez más, ante todas estas situaciones, se ve la hilacha de las prácticas políticas del gobierno. Ensimismado, unilateral, con falta de diálogo, y con falta de capacidad para asumir los errores, que son vistos como productos ajenos a la administración kirchnerista. Si no se solucionan estas cuestiones, difícil va a ser que alguna vez se esclarezca el índice de la inflación, o el origen de los fondos de la campaña del Frente para la Victoria en las últimas elecciones (recordemos que muchos aportantes estaban en situaciones irregulares con el fisco, como el caso del asesinado Sebastián Forza, que había emitido más de 600 cheques sin fondos).

Además de "hacer" el gobierno deberá mejorar la "forma" en la que se hace, por que sino, por más que haya buenas intenciones, todo lo que haga perderá sus efectos positivos. Es un cambio de conducta que parece difícil, pero no es imposible.