Argentina ha dado un paso muy grande en favor de la libertad de expresión, luego de que el Congreso aprobara la semana pasada la ley que despenaliza los delitos de calumnias e injurias por expresiones de interés público.
Esto quiere decir que aquellas personas que sean acusados de deshonrar o desacreditar a algún funcionario público, o alguna personalidad reconocida, o imputarle falsamente un delito, ya no serán enviados a prisión.
El Código Penal, que ahora será modificado, estipulaba una pena de hasta 3 años de cárcel para el caso de calumnias, y de hasta 1 año para las injurias. Ahora la condena sólo será cívil, por lo que a lo sumo la persona condenada deberá pagar una multa, algo que tal vez en un futuro se pueda llegar a erradicar también.
El proyecto aprobado fue elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS), que promueve la implementación de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso del periodista Eduardo Kimel, que había sido condenado durante el gobierno de Menem, a 1 año de prisión y a pagar una indemnización por una investigación que criticaba la actuación de un juez en un caso llamado la Masacre de San Patricio, donde fueron asesinados 5 religiosos católicos durante la última dictadura.
La sentencia de la CIDH justamante busca que los países realicen reformas legislativas que limiten el uso tanto de figuras penales como civiles para las manifestaciones vinculadas a la crítica política y a temas de interés público, cosa que nuestro Congreso acaba de hacer.
El proyecto fue impulsado por el gobierno de Cristina Fernández, y obtuvo 154 votos positivos, y 12 negativos en Diputados, y en el Senado los 51 legisladores presentes votaron a favor de la despenalización.
Esto quiere decir que aquellas personas que sean acusados de deshonrar o desacreditar a algún funcionario público, o alguna personalidad reconocida, o imputarle falsamente un delito, ya no serán enviados a prisión.
El Código Penal, que ahora será modificado, estipulaba una pena de hasta 3 años de cárcel para el caso de calumnias, y de hasta 1 año para las injurias. Ahora la condena sólo será cívil, por lo que a lo sumo la persona condenada deberá pagar una multa, algo que tal vez en un futuro se pueda llegar a erradicar también.
El proyecto aprobado fue elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS), que promueve la implementación de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso del periodista Eduardo Kimel, que había sido condenado durante el gobierno de Menem, a 1 año de prisión y a pagar una indemnización por una investigación que criticaba la actuación de un juez en un caso llamado la Masacre de San Patricio, donde fueron asesinados 5 religiosos católicos durante la última dictadura.
La sentencia de la CIDH justamante busca que los países realicen reformas legislativas que limiten el uso tanto de figuras penales como civiles para las manifestaciones vinculadas a la crítica política y a temas de interés público, cosa que nuestro Congreso acaba de hacer.
El proyecto fue impulsado por el gobierno de Cristina Fernández, y obtuvo 154 votos positivos, y 12 negativos en Diputados, y en el Senado los 51 legisladores presentes votaron a favor de la despenalización.
Lo importante de esto, es que se pone fin a una herramienta judicial de censura indirecta que suele ser utilizada como medio de control del periodismo.
Lo curioso de este hecho es que lo propicio el kirchnerismo, una fuerza política muy atenta a los medios de comunicación, que intenta acallar las voces críticas con un discurso confrontativo y belicoso.
Se ha dado un gran paso en favor de la libertad de expresión, pero aún quedan muchos por dar. Se ha terminado con una de las tantas formas de censurar indirectamente al periodismo. Si se quiere, se ha derrivado una de las barreras judiciales que limitaba la libertad de expresión, pero la barrera política parece estar lejos de ser derrivada.
Hasta que los políticos argentinos no cambien la filosofía entorno al rol del periodismo, esto no se va a producir. Desde la esferas de poder actuales, conciben a esta profesión como un estorbo, que sólo impide el desarrollo de sus proyectos de país. No entienden que el periodismo es un contrapoder que de alguna manera, además de trasmitir los hechos más relevantes de la realidad, también ejerce control sobre los gobernantes y sus políticas públicas.
Al no comprender este necesario rol dentro de este sistema político y social, intentar limitarlo, acallarlo, postergarlo, e imponer su visión de la realidad.
Las herramientas que tienen los gobiernos para hacer esto son muchísimas, entre las que se destaca en nuestro país, la discrecional repartición de la publicidad oficial, que premia a los medios y periodistas afines y castiga a los que no se alinean al poder de turno.
Durante el kirchnerismo el presupuesto para la publicidad oficial, que maneja Enrique Albistur, que estaría por renunciar ante las denuncias por los irregulares manejos que hacía con estos medios, se incremento un 756%. De 40 millones se paso a cerca de 400 millones para “difundir los actos de gobierno”, en una clara maniobra para captar más voces acordes a sus ideas.
Esta es una simple muestra de como desde su llegada, el kirchnerismo ha puesto su foco sobre la prensa. Si se analizan los discursos de Nestor Kirchner y de Cristina Fernández, se ve fácilmente como aluden permanentemente a los medios, y como le otorgan un desmedido poder, y como los perciben como enemigos.
Por eso es extraño que este gobierno, que no parece muy adepto a la libertad de expresión, ya que ante cada crítica responde con agresiones y amenazas, haya impulsado esta medida. Ahora deberían regular el manejo de la publicidad oficial para que sea más equitativo, pero parece que no quieren hacerlo, ya que no lo mencionaron en la nueva ley de medios.
A pesar de lo paradógico de que este gobierno tan confrontativo contra el periodismo haya impulsado esta despenalización de las calumnias e injurias, es un gran avance para la libertad de expresión, ya que se elimina una herramienta de censura indirecta que limitaba el libre desempeño del periodismo.
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